La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su respaldo sobre la reducción gradual de los Derechos de Exportación (DEX), aunque reclamó que el proceso avance con mayor rapidez y tenga como objetivo final la eliminación definitiva de las retenciones al sector agropecuario. A través de un comunicado, la entidad calificó la medida como una señal positiva y coherente con la política económica impulsada por el Gobierno nacional, basada en la reducción de la presión impositiva, la apertura económica, la libertad de comercio, el ordenamiento macroeconómico y la recuperación del equilibrio fiscal. 

No obstante, la entidad advirtió que el esfuerzo para alcanzar y mantener el equilibrio de las cuentas públicas no debería recaer de manera desproporcionada sobre el sector agropecuario mediante un impuesto que considera distorsivo. "Los Derechos de Exportación desalientan la producción, limitan las exportaciones, reducen la inversión y afectan la incorporación de tecnología", señalaron desde la organización rural. CARBAP también manifestó preocupación por el incremento de tasas municipales y tributos provinciales que, según indicó, en muchos casos terminan reemplazando impuestos nacionales eliminados, sin una contraprestación efectiva para los contribuyentes. La entidad sostuvo que la competitividad del agro no depende únicamente de las retenciones, sino también de una estructura tributaria provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una revisión profunda.

Asimismo, destacó que el sector agropecuario enfrenta una situación de desigualdad respecto de otras actividades económicas que ya no pagan derechos de exportación o que cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese contexto, CARBAP consideró que el cronograma anunciado por el Gobierno no debería tener como horizonte final el año 2028, sino establecer explícitamente un camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Además, propuso que ese proceso quede plasmado en una ley para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a aplicar este instrumento tributario.

Como respaldo a su posición, la entidad citó el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía argentina, en el que el organismo identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología. También destacó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que indican que la eliminación de las retenciones permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales durante la próxima década, además de favorecer la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico. "Más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país", sostuvo la entidad.

Baja temporal de retenciones

El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 423/2026, una reducción de los derechos de exportación para distintos productos agroindustriales y estableció un cronograma de rebajas que se extenderá hasta diciembre de 2028. La decisión era una de las más esperadas por productores, exportadores y actores de la cadena agroindustrial. En un contexto de búsqueda de mayor rentabilidad para el sector, el Ejecutivo considera que las retenciones representan un impuesto distorsivo y ratificó su intención de avanzar hacia una reducción gradual con la meta final de eliminarlas cuando las condiciones fiscales lo permitan.

Uno de los puntos más relevantes de la norma es la reducción inmediata de las retenciones para los cultivos de invierno. Tanto el trigo como la cebada pasan de tributar 7,5% a 5,5%, una medida que llega en pleno período de definición de siembra para la campaña 2026/27.

Además, el decreto contempla rebajas para productos industrializados de ambas cadenas, incluyendo harinas, sémolas, almidones, malta y otros derivados, cuyas alícuotas quedarán entre el 1% y el 3,5% según cada posición arancelaria. Desde el Gobierno explicaron que la urgencia de la medida responde a la necesidad de brindar señales económicas antes de que los productores tomen decisiones de inversión para la campaña fina.

La soja, principal complejo exportador de la Argentina, tendrá un esquema gradual de reducción. Actualmente, el poroto tributa un 24%, pero comenzará un sendero descendente desde enero de 2027. Según el cronograma oficial, la alícuota llegará al 21% en diciembre de 2027 mediante reducciones mensuales de un cuarto de punto porcentual. Posteriormente continuará bajando durante 2028 hasta alcanzar el 15% en diciembre de ese año.

La medida también alcanza a aceites, harinas, pellets y otros subproductos industriales. En algunos casos, los derechos de exportación descenderán desde niveles cercanos al 22% hasta ubicarse entre el 11% y el 14%, generando un fuerte impacto sobre toda la cadena de valor sojera.

El maíz y el sorgo quedaron incorporados al programa de reducción progresiva. Algunas posiciones arancelarias pasarán a estar exentas, mientras que otras reducirán gradualmente sus tasas desde el actual 8,5% hasta el 5,5% hacia fines de 2028. En el caso del girasol, el decreto establece rebajas para semillas, aceites y derivados. Algunas variedades quedarán directamente sin tributar retenciones, mientras que determinadas posiciones de aceite reducirán sus alícuotas desde niveles de entre 2,5% y 4,5% hasta ubicarse entre el 1% y el 3%.

La normativa también incorpora beneficios para determinados biocombustibles. Los biodiéseles elaborados con aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa pasarán a tributar 0% de derechos de exportación. Por otra parte, los biodiéseles alcanzados por alícuotas del 21% comenzarán un proceso de reducción gradual hasta llegar al 13% en diciembre de 2028, buscando potenciar la inserción internacional de estos productos.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo remarcó que la agroindustria constituye una de las principales fuentes de empleo, desarrollo regional y generación de divisas del país. Asimismo, sostuvo que la medida apunta a fortalecer la competitividad, simplificar el comercio exterior y facilitar la apertura de nuevos mercados.