Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la cámara de Diputados dieron dictamen de mayoría al proyecto que busca incorporar el vandalismo rural al Código Penal, una iniciativa impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain. El capítulo de mayor impacto para productores y empresas rurales aparece en el artículo 184 bis. El proyecto establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado cuando se destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o dañen elementos que afecten directamente el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura de una explotación agropecuaria. La protección alcanza, entre otros bienes, a cultivos, cereales todavía no cosechados, silobolsas, ganado y también a instalaciones tecnológicas destinadas al suministro de energía o a la extracción de agua.

El eje central pasa por diferenciar estos episodios de otros delitos contra la propiedad y reconocer penalmente las particularidades de un establecimiento agropecuario. La iniciativa incorpora el artículo 150 bis, que prevé entre un mes y un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad de quien pueda impedirle el acceso. La existencia de alambrados, vallas, muros, cerramientos o carteles será considerada una manifestación de esa voluntad. El proyecto exceptúa situaciones justificadas, como una emergencia, razones de auxilio o casos donde no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.

La propuesta reunió 41 firmas entre 66 legisladores presentes y quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto. El paso legislativo resulta especialmente relevante para el agro porque busca establecer penas específicas frente al ingreso ilegal a campos y la destrucción de cultivos, silobolsas, ganado, instalaciones y tecnología vinculada con la producción.

El dictamen, sin embargo, no consiguió consenso pleno. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon dos dictámenes de minoría. El diputado Ramiro Gutiérrez cuestionó que la propuesta pueda resolver eficazmente los problemas planteados, mientras que desde la izquierda también se expresaron objeciones al alcance de la protección penal propuesta. Todavía resta el tratamiento parlamentario necesario para convertirse en ley. Para productores y empresas agropecuarias, el punto central será si el Congreso finalmente establece una figura penal específica capaz de distinguir un daño común de aquel que paraliza o compromete una producción. En una Argentina donde cada campaña moviliza inversiones millonarias en granos, ganadería, maquinaria y tecnología, la discusión sobre la protección de esos activos vuelve así al centro de la agenda legislativa.

Comunicado de CARBAP

Desde CARBAP valoramos positivamente el dictamen de mayoría alcanzado en la Cámara de Diputados de la Nación para avanzar en la incorporación al Código Penal de figuras específicas vinculadas al vandalismo rural.

Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país: daños sobre cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Y a las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que los que viven en las zonas urbanas

Para quienes producen y viven en el campo, estos hechos no son una cuestión abstracta. Son daños concretos sobre el trabajo, la inversión y el esfuerzo de miles de productores y familias del interior.

Por eso, de cara al tratamiento del proyecto en el recinto, CARBAP hace un llamado a todos los diputados, pero especialmente a los diputados de Buenos Aires y La Pampa, para que, más allá de las posiciones políticas que puedan existir sobre otros temas, a la hora de votar esta iniciativa pongan por delante la necesidad concreta de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria.

Entendemos y respetamos las diferencias políticas y partidarias propias del debate democrático. Pero hay cuestiones que deben poder construirse como políticas de Estado.

La seguridad rural y la protección de la producción no deberían quedar atrapadas en esas diferencias.

Por eso, convocamos a todos los legisladores a analizar el proyecto por su contenido y por la respuesta que puede brindar a una problemática real del interior productivo.

La discusión política no debería convertirse en un obstáculo para avanzar sobre una necesidad concreta que afecta a quienes viven y trabajan en el campo.

Desde CARBAP valoramos el trabajo de los legisladores que hicieron posible este dictamen y esperamos que el debate en el recinto permita avanzar en una respuesta concreta.

La seguridad rural no tiene partido político. Garantizarla y brindar herramientas para prevenir y sancionar estos hechos debe ser una responsabilidad compartida por todos.