A veces, los hechos no quedan por escrito, ni se respaldan en una resolución oficial. Pero eso no quiere decir que no sean verdad. Ese parece ser el caso de los fuertes rumores sobre presiones del Gobierno en el Mercado de Liniers, con el objetivo de controlar el precio de la carne. La información que circuló este martes a la tarde en la cadena productiva ganadera es que representantes de Supermercados Coto recibieron la sugerencia de no presentarse en los remates de hacienda que se realizan en el barrio de Mataderos.

Dirigentes agropecuarios como el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, se hicieron eco de la preocupación que corría en el sector. Incluso, la mesa de enlace empezó a analizar el caso. Entonces, cuando el río suena, el periodismo debe reflejarlo.

La situación causó un gran revuelo entre los operadores de Liniers, que volvieron a verse frente a un escenario que entre marzo de 2006 -cuando el entonces presidente Néstor Kirchner suspendió las exportaciones de carne-, hasta 2015, significó la pérdida de más de 10 millones de vacas (un 20% del stock habitual). Aunque al principio la medida provocó bajas en el costo del producto final, a mediano plazo, por la escasez de oferta, redundó en mayores precios a los consumidores.

La “sugerencia” a Coto habría surgido desde la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, la funcionaria que trabajó con Guillermo Moreno, el más célebre de sus antecesores. Aunque Español tiene mejores modales, viene expresando las posiciones más duras del Gobierno frente a la agroindustria. En las últimas semanas, advirtió que “está en análisis” un incremento de las retenciones “para contener el aumento de precios de los alimentos”.

El telón de fondo en el caso de la hacienda es que esas subastas constituyen la referencia de precios a nivel nacional y esa cadena de supermercados es la principal compradora. Si bien tiene abastecimiento ganadero propio, regularmente lo complementa con adquisiciones de hacienda en Liniers y eso mueve el amperímetro de la demanda. A tal punto que los consignatarios estiman que, sin Coto en las operaciones, difícilmente se sostengan los precios, porque el 10% del total que representan sus compras (según cifras promedio de 2020, en lo que va de este año y lo que representó este mismo martes en las operaciones) es un porcentaje que pesa en todas las cotizaciones.

El disparador del “enojo oficial” habría sido la compra de parte de Coto de una lote de vacunos a $198 por kilo vivo, una valor que no llegó a ser el máximo en esa categoría: novillitos de 400 kilos.

En ese sentido, se cree que las presiones tendrían que ver, más que con el precio, con el volumen que mueve Coto. Y también con la intención de que se difunda, aunque sin decirlo, que desde el Estado se batalla contra la inflación.

Desde un punto de vista político, de cara a la opinión pública y pensando en los votos de las próximas elecciones, la velada acusación buscaría instalar la idea de que el Gobierno actúa para defender los alimentos de la mesa de los argentinos. Y para ello, como otras veces hizo el kirchnerismo en sus distintas etapas, señalar a un supuesto culpable, si es conocido mejor, se considera una táctica válida.

Para este miércoles se esperan remates por 7000 bovinos en Liniers. Y como Coto participa diariamente de esas subastas, la presencia o no será un indicio de las sospechas. Los rumores indican que en la referida llamada telefónica, desde el Gobierno habrían solicitado que Coto no compre hacienda al menos hasta la semana que viene, o tampoco en la tercera jornada semanal prevista para el viernes. Otra opción es que participe de los remates pero que compre a “precios bajos”...

Fuente: TN