El Gobierno nacional oficializó el desguace de numerosos organismos nacionales, entre ellos el INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INS), entre otros organismos. A partir de esta modificación, el INTA dependerá directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, aunque conservará sus funciones tradicionales en materia de investigación, innovación y asistencia técnica al sector agropecuario. No obstante, el decreto establece un cambio significativo en su conducción: el organismo será dirigido por un Presidente con rango de Secretario de Estado, asistido por un Consejo Técnico ad honorem, lo que implica una reformulación de su esquema de gobernanza.

El decreto 462/2025, que redefine la estructura del INTA transformándolo en organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, no elimina ni modifica el rol de extensión técnica. Esto significa que las actividades relacionadas a la transferencia de tecnología, asistencia a productores y capacitación regional quedarán intactas y seguirán siendo parte del mandato del INTA.

La norma firmada por el Ejecutivo justifica la medida en la necesidad de "adecuar la dirección del organismo", y señala que el INTA presenta un "notorio sobredimensionamiento de su estructura" así como "deficiencias sustantivas en el proceso de seguimiento y monitoreo de convenios". Estos argumentos se alinean con los objetivos de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilita al Gobierno a implementar reformas orientadas a reducir la burocracia estatal, optimizar recursos y fortalecer los mecanismos de control interno.

Habrá cambios en cómo se gestionan estas tareas ya que la dirección del INTA, ahora a cargo de un Presidente con rango de Secretario de Estado, tendrá mayor responsabilidad directa sobre la planificación en extensión. El nuevo Consejo Técnico ad honorem asesorará sobre proyectos de investigación y extensión, permitiendo, en teoría, optimizar la coordinación y priorización de actividades de campo.

El decreto enfatiza mejorar el seguimiento y monitoreo de convenios, lo cual implica que los programas de extensión (muchos regulados por convenios con universidades, provincias y entidades privadas) tendrán controles más estrictos y rendición de cuentas para evitar duplicaciones, sobredimensionamiento y burocracia.

La reestructuración del INTA, fundado en 1956 y con fuerte presencia territorial en todo el país, representa un cambio profundo en el vínculo entre el Estado y el sistema científico-tecnológico del agro. Si bien desde el Gobierno aseguran que no se verá afectada la misión técnica del organismo, distintos sectores del ámbito agropecuario y científico observan con atención los posibles efectos de este rediseño institucional.

Los productores exigen participación

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias emitió un comunicado en el que expresa su "incertidumbre y preocupación" por el rumbo institucional y la falta de consensos.

Los representantes de las principales entidades rurales señalaron que las modificaciones contenidas en el nuevo decreto afectan directamente la previsibilidad que necesita el sector productivo, en un país históricamente vulnerable a los vaivenes del poder político. "Estamos convencidos de que los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable", remarcaron.

En el centro del reclamo aparece el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Si bien los productores admiten que el organismo necesita modernizarse, destacan que dicha transformación debe surgir del diálogo, no de la imposición. "Esperamos ser convocados para analizar el esquema que se propone y evaluar sus implicancias", plantearon.

La Comisión de Enlace recordó que han acompañado con propuestas constructivas durante todo el proceso y que el campo sigue apostando a un INTA fuerte, con recursos humanos potentes y capacidad federal de investigación, extensión y desarrollo.

Para el agro argentino, la clave está en asegurar reglas claras y marcos estables que potencien la innovación, el arraigo rural y la competitividad productiva. "El desarrollo agroindustrial solo será posible si contamos con instituciones sólidas y previsibles", aseguraron.

El comunicado deja en claro que el campo no se opone a la evolución de las estructuras estatales, pero rechaza las decisiones unilaterales que pongan en riesgo décadas de construcción institucional. Y concluye con una advertencia: "Lo que se juega es mucho más que una reforma administrativa; se pone en discusión el modelo de desarrollo territorial y productivo del país".