La Cámara de Diputados aprobó una reforma del Código Penal impulsada por el legislador Martín Ardohain para endurecer las sanciones por vandalismo rural. El proyecto incorpora el artículo 150 bis, que contempla penas de un mes a un año de prisión por ingresar sin autorización a establecimientos rurales, siempre que se cumplan las condiciones previstas. La sanción máxima podrá elevarse a dos años cuando exista un perjuicio sustancial para la actividad productiva o riesgos concretos para personas, animales o cultivos. La propuesta también reconoce excepciones por emergencias, auxilio o límites de propiedad que no estén claramente identificados.

Hubo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, el debate se trasladará ahora al Senado, donde los legisladores deberán analizar el texto aprobado antes de que pueda convertirse en ley. Uno de los cambios centrales aparece en el artículo 184 bis, que establece prisión de dos a ocho años y multas de entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado. La protección alcanza a granos almacenados, cosechas, ganado, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares, alambrados y otras instalaciones productivas. La pena máxima podrá llegar a diez años cuando intervengan tres o más personas coordinadas, exista violencia o se provoque la pérdida total de una producción o la interrupción de su ciclo.